Supuestos de incapacitación judicial, regulación y procedimiento

Incapacitación judicial

Nuestro Ordenamiento Jurídico regula un procedimiento que hasta la fecha viene empleándose como instrumento para reemplazar la ausencia de capacidad. Tal situación afecta a personas, que bien sea por su avanzada edad o simplemente por padecer alguna enfermedad como el alzheimer, les priva del entendimiento o habilidad precisas para manejarse en el ámbito jurídico con eficacia. Es decir, que no pueden asumir responsabilidades.

El pasado mes de julio se aprobó en el Congreso de los Diputados un anteproyecto de Ley que pretende introducir importantes novedades en este terreno. Vamos a dedicar este artículo a profundizar en el campo de la incapacitación judicial.

Incapacidad e incapacitación

Cuando hablamos de capacidad, desde el punto de vista legal, diferenciamos dos tipos esenciales: la capacidad jurídica y la capacidad de obrar.

La capacidad jurídica supone poder ser titular de derechos y deberes y la posee toda persona desde que nace o incluso antes, en el caso del nasciturus o concebido no nacido, para aquello que le sea beneficioso.

Por su parte la capacidad de obrar, se adquiere con la mayoría de edad y supone que su titular puede llevar a cabo actos jurídicos eficaces. La ausencia de esta última, nos llevará a hablar de incapacidad jurídica.

La incapacidad, hoy por hoy, precisa de una sentencia que la reconozca y declare, especificando a qué ámbito o ámbitos de la vida cotidiana afecta y quien ha de ser el designado para reemplazarla, al que se llamará tutor o curador. El procedimiento seguido para la consecución de dicha sentencia, se denomina procedimiento de incapacitación.

Reformas normativas propuestas sobre esta materia

España ratificó el Convenio de Nueva York de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 21 de abril de 2008. Dicho Convenio regula las necesidades de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos.

Este marco normativo supuso por tanto un paso importante y una nueva visión sobre la situación jurídica de las personas con alguna discapacidad. No debían ser considerados como meros puentes de transmisión de derechos hacia sus tutores, sino como legítimos titulares de los mismos. Los países que ratificaron este instrumento legal, quedaban obligados a adaptar sus legislaciones a este nuevo criterio.

Reforma normativa civil y procesal en España

El pasado 7 de julio de 2020 España aprobó el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Este proyecto, que aún ha de seguir su andadura parlamentaria hasta entrar definitivamente en vigor, persigue precisamente adaptar nuestra normativa a la citada Convención de Nueva York. El objetivo es dotar a las personas con discapacidad de una capacidad jurídica que les permita ejercer de forma mucho más autónoma sus derechos.

En términos del propio Ministro de Justicia, se trata de evitar que la incapacitación, tal y como está planteada actualmente, de miles de personas, se convierta en su muerte civil.

Novedades del anteproyecto

Entre las novedades principales podemos mencionar:

  • Se considera que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones.
  • Se elimina la incapacitación judicial, los jueces no podrán privar de capacidad, ni modificarla ya que se entiende que es este un derecho inherente a la persona.
  • Desaparecen: la figura del tutor, la rehabilitación de la patria potestad y la prórroga de la patria potestad, salvo para casos excepcionales.
  • Se potencia la figura del curador, como institución asistencial no representativa de la persona a la que auxilia.
  • Se refuerza la guarda de hecho, de modo que mediante un expediente de jurisdicción voluntaria se solicite el auxilio puntual para un acto o negocio jurídico concreto a través del guardador pero sin afectar a la capacidad jurídica general del discapacitado.
  • Como consecuencia de las modificaciones anteriores, se introduce una nueva concepción de las personas con discapacidad. Lo que supone innovadores cambios en normativa como la Ley Hipotecaria, la Ley del Registro, e incluso en el ámbito del Derecho Internacional en cuanto a la nacionalidad, normativa del matrimonio, filiación, sucesiones y contratos.
  • Se da especial importancia a los actos de naturaleza preventiva, como son los mandatos o poderes notariales en los que, en prevención de una futura enfermedad que limite las capacidades, se indiquen los criterios de administración del patrimonio.

¿Actualmente cómo se inicia el procedimiento?

Se atribuye competencia para conocer de estos asuntos al Juez de Primera Instancia del lugar de residencia del presunto incapaz. Podrá iniciarse el procedimiento por parte del propio incapaz, por parte de su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, los hijos o descendientes, los ascendientes, hermanos y directamente por el Ministerio Fiscal que tenga noticia de una situación susceptible de estudiarse por posible incapacidad. Este último caso suele ser consecuencia de la información que profesionales médicos, trabajadores sociales etc., facilitan al propio Ministerio Público.

A la demanda deberá acompañar información médica que permita presumir la dolencia incapacitante. Sin perjuicio de que a lo largo del procedimiento se ratifique tal situación por el médico forense adscrito al juzgado e incluso por el propio juez.

¿Qué fases tiene?

Demanda y oposición

Una vez presentada la demanda, a la que acompañarán informes médicos, psicológicos y sociales pertinentes, se dará traslado al presunto incapaz para que si lo estima oportuno se oponga.

Tanto la demanda inicial como su oposición deben ir firmadas por abogado y procurador, cuya intervención no solo es recomendable sino que es preceptiva. En el caso en el que el demandado no conteste, el Ministerio Fiscal asumirá su representación en el proceso.

Prueba

Una vez practicadas las pruebas precisas: documentales, periciales o inspección ocular del juez, se convocará a las partes y a los parientes más próximos para que sean oídos y se proceda al examen sobre la idoneidad de los candidatos a tutores.

Sentencia y recurso

El procedimiento finalizará por sentencia que estime o desestime la petición de incapacitación. Contra la misma cabrá recurso de apelación ante la Audiencia Provincial correspondiente. La sentencia estimatoria podrá declarar la incapacitación total o parcial del demandado. En el primer caso se designará tutor y en el segundo curador.

En el caso de declararse la incapacitación, esta se anotará en el Registro Civil como modificación de la capacidad. La persona designada como tutor deberá aceptar el cargo y presentar inventario del patrimonio del incapacitado, que deberá actualizar anualmente. Quedarán sujetos a la autorización judicial, que deberán recabar, para llevar a efecto actos de disposición del patrimonio del incapacitado.

Las instituciones de apoyo

El Código Civil en su artículo 215 expresamente dispone que la protección de la persona y bienes, o solo de la persona o solo de los bienes, de quien ha sido incapacitado por sentencia, se llevará a cabo mediante una de las siguientes instituciones:

  • Tutela
  • Curatela
  • Guarda de hecho

La tutela

Se designará a quien pueda proporcionar un mayor beneficio al incapacitado, de modo que el orden del prelación que recoge el artículo 234 del Código Civil no será vinculante pero si orientativo para el Juez.

Podrá ser tutor:

  1. Quien haya designado expresamente ante notario o mediante otro mecanismo fehaciente, el propio tutelado.
  2. El cónyuge que conviva con el tutelado.
  3. Los padres.
  4. La persona designada por los padres en testamento.
  5. Descendiente, ascendiente o hermano designado por el juez.

La curatela

En el caso de declararse la incapacitación parcial, la sentencia deberá especificar las parcelas concretas en las que será necesaria su intervención. La persona que asista al incapacitado será el curador y sus obligaciones coinciden con las del tutor.

La guarda de hecho

Se produce en aquellos casos en los que no hay un nombramiento judicial específico, pero se otorga la defensa de la persona o patrimonio de un menor o persona falta de capacidad a un tercero que habitualmente coincide con el titular de la custodia.

Si estás inmerso en un expediente de incapacitación judicial, lo mejor es consultar a un abogado especializado en la materia.

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